Maxi Benbassat- El 1 de octubre entró en vigor la ley SB 153 conocida como Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte, que contempla un nuevo marco de colaboración entre las agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El instrumento se convirtió en ley el 24 de junio de 2026 a pesar de haber sido vetado por el gobernador Josh Stein.
SB 153 permite que agentes designados de cuatro agencias estatales asuman funciones migratorias bajo supervisión federal en el marco del programa 287(g). Estas agencias son: la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección de Adultos, la Oficina Estatal de Investigaciones y la División de Control de Bebidas Alcohólicas.
Según información de ICE, este modelo permite a oficiales estatales y locales ejercer facultades migratorias limitadas durante sus labores policiales habituales. La autoridad se delega para funciones específicas y debe ejercerse bajo dirección y supervisión de la agencia federal.
Qué cambia en las carreteras
La Patrulla Estatal de Carreteras firmó su convenio el 27 de septiembre y en su caso el programa se limita a personal seleccionado de la División de Control de Vehículos Comerciales (CVE) y la Unidad de Interdicción Criminal (CIU). La primera inspecciona transporte de carga y estaciones de pesaje; la segunda combate el narcotráfico y el contrabando en corredores interestatales.
Según un reportaje de Emilia Rivadeneira para la organización Enlace Latino, el convenio contempla preguntas sobre situación migratoria, determinadas detenciones, preparación de documentos migratorios y traslados a instalaciones aprobadas por ICE. Además, los agentes designados pueden verificar la ciudadanía o residencia legal de personas bajo custodia o supervisión de la Patrulla mediante preguntas, documentos o ambos. Si no logran verificarla, deben consultar a ICE.
Por otra parte, la Directiva I.07, relativa a la implementación del acuerdo 287(g), exige que los agentes participantes completen la capacitación federal antes de ejercer la autoridad migratoria. ICE debe certificar por escrito a quienes aprueben y concederles una autorización inicial de dos años. También se requiere capacitación anual.
Esta directiva también prohíbe iniciar acciones migratorias basándose únicamente en raza, etnia, origen nacional o dominio del idioma. Los patrulleros no designados tampoco pueden detener o arrestar a alguien por su estatus migratorio real o supuesto.
Otro artículo de la organización Enlace Latino informa que, bajo las leyes de tráfico de Carolina del Norte, cuando un oficial de la policía o la Patrulla de Carreteras detiene un vehículo, el conductor tiene la obligación legal de mostrar tres documentos, la licencia de conducir, el registro del vehículo y el comprobante de seguro del automóvil.
“Sin embargo, en virtud de la Constitución de los Estados Unidos, ningún conductor ni pasajero tiene la obligación legal de responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, nacionalidad o estatus migratorio, explicó la organización Siembra NC”, citada en el artículo.
Las infracciones de agentes pueden generar sanciones, incluido el despido y las denuncias pueden presentarse ante Asuntos Internos de la Patrulla, un supervisor o la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, al 1-833-4ICE-OPR o escribiendo al correo [email protected].
Qué recomiendan los expertos
Frente a la entrada en vigor de la SB 153, Enlace Latino publicó recomendaciones de la abogada Yesenia Polanco Galdámez, defensora con 18 años de experiencia en derecho penal e inmigración en el estado. En este sentido Polanco insta a la comunidad a actuar con cautela y a tomar medidas preventivas esenciales.
La primera de ellas es evitar manejar sin licencia de conducir, sin embargo, para la abogada la medida preventiva más directa para las personas indocumentadas es no conducir en el estado, a fin de reducir la exposición a detenciones policiales.
Otra de sus recomendaciones es el mantenimiento estricto del vehículo. “En caso de que sea indispensable manejar, es necesario asegurarse de que el automóvil tenga las etiquetas de registro vigentes, las luces en perfecto estado y se respeten los límites de velocidad”, subraya Polanco.
Y si una persona es arrestada por un delito penal, Polanco sugiere intentar pagar la fianza (bond) inmediatamente tras su ingreso a la celda, antes de que se concrete la intervención o transferencia a las autoridades migratorias.
También, la abogada destaca la importancia de establecer un plan de contingencia familiar en caso de detención que incluya la asignación de la custodia de los menores y poderes notariales, así como investigar en fuentes oficiales y buscar asesoría legal. Finalmente aconsejó consultar sitios oficiales como www.uscis.gov y asesorarse con abogados calificados antes de tomar decisiones sobre salir del país o realizar trámites.
La entrada en vigor de las normas está confirmada. Sin embargo, según información de la organización siguen pendientes el número de agentes capacitados y la fecha de inicio de sus funciones migratorias. Las fuentes consultadas no permiten precisar cuándo comenzaron las detenciones bajo este convenio.